La primera parte de la conferencia aclaró cómo se relacionan los procesos penales con los derechos políticoelectorales. La explicación distinguió entre ser investigado, imputado, vinculado a proceso o tener una sentencia. También señaló que una orden de aprehensión, por sí sola, no equivale a ser prófugo: debe existir además evidencia de que la persona se sustrajo de la justicia. La conclusión fue que la elegibilidad debe revisarse caso por caso.

La UIF presentó su función de detectar operaciones inusuales, analizar redes financieras y bloquear recursos cuando existen elementos. Reportó 2,395 sujetos incorporados a la lista de personas bloqueadas y 24,622 cuentas inmovilizadas por 8,670 millones de pesos durante la administración. La unidad también explicó que participa contra la extorsión, el contrabando y el lavado mediante criptoactivos, en coordinación con fiscalías, bancos, aduanas y autoridades de otros países.

El caso García Luna fue presentado como un ejemplo de seguimiento financiero y litigio internacional. La UIF describió contratos, empresas y movimientos de recursos investigados desde 2019, así como una sentencia civil en Florida que permitió recuperar dinero para el Estado mexicano. La transcripción presenta inconsistencias en nombres y en la cifra exacta recibida, por lo que esos datos requieren revisión antes de una publicación definitiva. También se informó que aún hay activos pendientes de liquidar.

En la parte de utilidad pública, se anunció la intención de dirigir los recursos recuperados a escuelas de la Montaña de Guerrero, aunque faltan detalles sobre el monto final, el programa y el calendario de aplicación. La conferencia también abordó una posible regulación del uso de celulares en escuelas, el fortalecimiento del empleo y la inversión, el reconocimiento a atletas y artistas jóvenes, y acciones de infraestructura, regularización y seguridad social en San Quintín.